Escribe Zenón Depaz Toledo
Diario La Primera (15 de diciembre de 2009)
En lo que parece considerar su más destacable medida con relación al próximo año escolar, a juzgar por el énfasis en su anuncio, el ministro de Educación, José Antonio Chang, ha notificado que castigará drásticamente a los responsables de los colegios que se denominen preuniversitarios, encargando la severa vigilancia de tan trascendente disposición a las unidades de gestión educativas locales y direcciones regionales de educación en todo el país. Como si cambiando las palabras cambiara la realidad.
Y, seguramente, dejarán de llamarse así, no les faltará algún sinónimo del cual echar mano para no mellar tan solemne disposición (como ciertas “universidades”, para no abrir “filiales” y no contravenir con ello la ley, abren “sedes” o “centros académicos”); al fin y al cabo se especializan en prácticas intensivas de sinónimos, antónimos, analogías y demás ítems usuales en los exámenes de admisión universitaria, con lo que afianzan su demanda entre los atribulados padres de familia que, a diferencia de las despistadas autoridades del citado ministerio, sí se dan cuenta de que toda la educación básica en nuestro país tiene como obsesiva meta única la universidad y actúan en consonancia con ello, al igual que los dueños de las universidades privadas con fines de lucro y múltiples filiales, entre los que hay que contar, en primer lugar, al propio ministro de Educación.
En un medio con una educación básica así sesgada en cuanto a sus fines, los usuarios de los colegios “preuniversitarios” hacen la elección más conveniente, y la curiosa prohibición del nombre no los inhibirá de ello. Más aún cuando notan en los directivos de aquellos colegios algunas decisiones igualmente convenientes atendiendo a resultados educativos, como preferir para la docencia en el nivel secundario, más que a los egresados de facultades de educación, las mismas que se cuentan entre las unidades académicamente más deleznables del ámbito universitario (aunque aquel ministerio les otorgó en exclusiva la capacitación docente, con los pobres resultados a la vista), profesionales de otras áreas académicamente más solventes, como matemáticos, historiadores, biólogos, físicos, economistas, lingüistas, filósofos o geógrafos, los cuales difícilmente hallarían acogida en el sector público.
Tal vez por ello, pese a todas sus deficiencias, aquellos colegios logran sorprendernos con pequeños campeones mundiales de matemáticas, mientras en el sector público los resultados en esta disciplina son deplorables. Ojalá los que anuncian esta inconducente política de sólo vigilar y castigar se percataran de que algo podrían aprender de aquella experiencia cuyo balance creen eludir con el inocuo expediente de prohibir nombres, que a su pesar dejará la realidad tal cual.
Diario La Primera (15 de diciembre de 2009)
En lo que parece considerar su más destacable medida con relación al próximo año escolar, a juzgar por el énfasis en su anuncio, el ministro de Educación, José Antonio Chang, ha notificado que castigará drásticamente a los responsables de los colegios que se denominen preuniversitarios, encargando la severa vigilancia de tan trascendente disposición a las unidades de gestión educativas locales y direcciones regionales de educación en todo el país. Como si cambiando las palabras cambiara la realidad.
Y, seguramente, dejarán de llamarse así, no les faltará algún sinónimo del cual echar mano para no mellar tan solemne disposición (como ciertas “universidades”, para no abrir “filiales” y no contravenir con ello la ley, abren “sedes” o “centros académicos”); al fin y al cabo se especializan en prácticas intensivas de sinónimos, antónimos, analogías y demás ítems usuales en los exámenes de admisión universitaria, con lo que afianzan su demanda entre los atribulados padres de familia que, a diferencia de las despistadas autoridades del citado ministerio, sí se dan cuenta de que toda la educación básica en nuestro país tiene como obsesiva meta única la universidad y actúan en consonancia con ello, al igual que los dueños de las universidades privadas con fines de lucro y múltiples filiales, entre los que hay que contar, en primer lugar, al propio ministro de Educación.
En un medio con una educación básica así sesgada en cuanto a sus fines, los usuarios de los colegios “preuniversitarios” hacen la elección más conveniente, y la curiosa prohibición del nombre no los inhibirá de ello. Más aún cuando notan en los directivos de aquellos colegios algunas decisiones igualmente convenientes atendiendo a resultados educativos, como preferir para la docencia en el nivel secundario, más que a los egresados de facultades de educación, las mismas que se cuentan entre las unidades académicamente más deleznables del ámbito universitario (aunque aquel ministerio les otorgó en exclusiva la capacitación docente, con los pobres resultados a la vista), profesionales de otras áreas académicamente más solventes, como matemáticos, historiadores, biólogos, físicos, economistas, lingüistas, filósofos o geógrafos, los cuales difícilmente hallarían acogida en el sector público.
Tal vez por ello, pese a todas sus deficiencias, aquellos colegios logran sorprendernos con pequeños campeones mundiales de matemáticas, mientras en el sector público los resultados en esta disciplina son deplorables. Ojalá los que anuncian esta inconducente política de sólo vigilar y castigar se percataran de que algo podrían aprender de aquella experiencia cuyo balance creen eludir con el inocuo expediente de prohibir nombres, que a su pesar dejará la realidad tal cual.
