Consenso y voluntad política para relanzar Ceplan

Editorial del diario El Comercio (26 de agosto de 2009)

Continuamente voceros del Gobierno y líderes de la oposición política se enfrascan en arduas y largas discusiones sobre lo que se debe hacer para sacar adelante el país.
¿Pero, saben realmente a dónde quieren llevarnos? ¿Se dan cuenta de la urgencia de contar con planes de mediano y largo plazo que proyecten una visión del Perú que queremos?
Pues parece que no, a decir del escaso apoyo y a veces nula atención que se presta al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).
Según el informe publicado por este Diario, hace medio año la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dejó incompleto su consejo directivo. Luego se recortó su presupuesto de 15 millones a 3 millones de soles. A pesar de esto, el Ceplan ha elaborado un primer plan para los próximos once años que, obviamente, en medio de la orfandad actual, no puede tener el nivel de excelencia deseable.
Esta anómala situación es atribuible no solo al Gobierno, y específicamente a la PCM, sino también a los líderes de los partidos políticos que suscribieron el Acuerdo Nacional, donde se fijaron algunos objetivos. ¿Dónde quedó el compromiso de todos ellos, que consta en actas, de poner todos los medios a su alcance para cumplirlos?
Detrás de todo esto hay una miopía e irresponsabilidad política grave, de la que debemos sacudirnos ya.
Hay que entender que, como sucede en el sector privado, el planeamiento estratégico es una herramienta indispensable para fijar metas específicas y medibles de cara a un objetivo mayor, que en este caso sería darle sentido de futuro al Perú.
Por ejemplo, reiteradamente se menciona la reforma del Estado casi en todos los discursos políticos, pero sin definir qué se entiende por eso ni en qué contexto se insertaría. Solo con un planeamiento estratégico se podría acometer esta reforma, involucrar a todos los protagonistas y respetar los ejes y metas concretas de este cambio en un tiempo prudencial.
Es lo que, a su manera, intentó hacer el Instituto Nacional de Planificación, creado en la década del 60 y el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), antes CAEM. Sin embargo, estos esfuerzos nunca fueron consolidados, lo que correspondería hacer ahora al nuevo Ceplan, creado en mayo del 2005.
No caben cálculos partidarios cuando está de por medio el futuro del país. Más aun, el Gobierno, el oficialismo y todos los posibles candidatos deben sopesar la necesidad de contar con un plan de país, que marque un norte de estabilidad y desarrollo inclusivo, cuya ejecución esté por encima de cualquier anteojera partidaria o personalista.
Es lo que, a fin de cuentas, se conoce como políticas de Estado, las que nos liberen del peligroso prurito de querer cambiar todo con el advenimiento de un nuevo gobierno, en un riesgosa apuesta pendular.
Para asegurar el éxito de este plan debe convocarse nuevamente al Acuerdo Nacional y lograr allí el consenso y compromiso de los partidos, además de la participación dinámica y permanente de representantes de la sociedad civil

¿Sudamérica entre dos modelos?

Por Humberto Campodónico.

Diario La República

Ese es el dilema que, según El Comercio de ayer, atraviesa a los países de la Región a propósito de las declaraciones de Alan García sobre las relaciones con Chile y Bolivia. De un lado tendríamos el llamado “socialismo del siglo XXI que tiene un proyecto expansionista” donde se encuentran Venezuela, Bolivia y Ecuador y, de otro, “un sistema democrático, moderno y de libre mercado” donde están Colombia y Perú.
¿Y qué pasa con Brasil, Argentina, Chile y Uruguay? Pues están en la categoría de “países socialistas que no han tomado posición alguna” (El Comercio, 25/9/09, p. a3). De solo leerlo ya sabemos que esto es un disparate. Cierto. Pero tiene un objetivo claro: utilizar el sentimiento nacionalista de defensa del territorio para identificar “patria” con el modelo económico. Si queremos al Perú (que García y su discurso encarnan) tenemos que mantener intactas las políticas económicas. Si no, somos “tontos útiles chavistas”.
En el terreno económico el disparate no resiste el menor análisis. Colombia es un país con políticas de libre mercado que, sin embargo, tiene un Departamento Nacional de Planeación (DNP) que diseña y controla las políticas de desarrollo económico, social y ambiental de largo plazo, en coordinación con los ministerios y los entes territoriales. Similares organismos existen en los “socialistas” Brasil, Argentina y Chile. En el Perú, el CEPLAN es ninguneado y no existe visión de largo plazo que ordene los objetivos económicos y sociales.
Colombia tiene un plan energético de largo plazo, donde juegan un rol clave las estatales ECOPETROL (hidrocarburos) e ISA (electricidad). Ambas están en el Perú (ISA compró en el 2002 las torres eléctricas) y Ecopetrol acaba de comprar Petro Tech, (la de los “petroaudios”). En Brasil el Estado tiene mayoría accionaria en Petrobrás que aquí explota petróleo en Talara y tiene el Lote 58 (al lado de Camisea).
El “socialista” Chile tiene a la estatal CODELCO, la mina de cobre más grande del mundo, que del 2004 al 2008 les dio a sus FFAA US$ 4,038 millones por la Ley Reservada (Ley 13.196). La estatal ENAP es dueña de las dos únicas refinerías y en el Perú tiene el 50% de los grifos Primax (el otro 50% es del Grupo Romero). ¿Y Petroperú y Electroperú? Muy mal, gracias.
En Colombia, la Comisión de Concertación Salarial fija el salario mínimo anualmente, teniendo en cuenta la inflación y la productividad. Lo mismo sucede en Chile, Brasil y Argentina, pero no en el Perú, donde no se toman en cuenta los acuerdos del Consejo Nacional de Trabajo.
En esos países las autoridades enfatizan que el poder adquisitivo de los asalariados gana terreno cada año, mientras que aquí se ningunea al Consejo Nacional del Trabajo, los salarios mínimos están a la merced del MEF (o sea, en nada) y la participación de los salarios en el PBI desciende todos los años (pero las utilidades sí aumentan).
En Colombia, Chile y Brasil existe un verdadero servicio civil, producto de una reforma del Estado, que establece los ascensos por méritos y homologa los sueldos de los empleados públicos. En el Perú no hay nada de eso, apenas 32 “nuevos” gerentes y, ahora, los Núcleos Ejecutores.
Y así podríamos seguir con el disparate de los “dos modelos”. Lo que sucede es que aquí se quiere seguir con el obsoleto liberalismo a ultranza (que no existe en Colombia, Chile y Brasil, si bien tienen diferencias) para garantizar el modelo primario exportador, evitando redefinir los roles del Estado para poner al medio el péndulo económico y seguir protegiendo los intereses de unos cuantos. Se quiere agudizar la polarización de cara a las elecciones del 2011 usando ahora la “defensa de la patria” como pretexto para no cambiar nada del modelo económico. Para que todo siga igual.

La República lobbysta

Por Humberto Campodónico

En Colombia, la estatal ECOPETROL, recientemente modernizada, invirtió US$ 6,200 millones en el 2009, una fracción de los cuales ha venido aquí para adquirir Petro-Tech.

En Chile, la estatal Codelco, la empresa de cobre más grande del mundo, generó excedentes por US$ 4,970 millones en el 2008 y acaba de firmar un contrato con China para venderle 55,000 toneladas anuales de cobre en los próximos 15 años. En Brasil, la estatal Petrobrás ha logrado el autoabastecimiento de petróleo –produce 2 millones de barriles diarios–, ha encontrado abundantes reservas en el Atlántico y plantea invertir US$ 174,000 millones (50% más que el PBI peruano) del 2009 al 2013.

Pero en el Perú se privatizaron los lotes productores de Petroperú y el Estado no le quiso dar participación en la venta de Petro Tech ni, antes, en la compra de los grifos de SHELL, que fueron adquiridos por Primax, propiedad de la estatal chilena ENAP y el Grupo Romero. En el caso de ENAPU, después de 15 años de pedir la compra de grúas pórtico, éstas recién llegaron el año pasado. Hay muchos ejemplos más.

En sentido contrario al mundo –y en países vecinos que no tienen nada de “antisistema”–, la clase política y empresarial peruana sigue con los obsoletos preceptos del Consenso de Washington, que niegan la necesidad de redefinir los roles del mercado y el Estado. Peor aún, en los últimos años, desde la administración estatal se promueven los intereses privados en actividades estratégicas, como en Camisea, los contratos petroleros (petroaudios)y la actividad portuaria, para solo mencionar algunos.

En un reciente libro, La República Lobbysta, Manuel Dammert dice que esos hechos no son producto de la casualidad. Afirma que “la élite de esta República Lobbysta abandona desde la partida a la nación y la soberanía, superpone la función pública con la actividad privada. Utiliza la gestión pública para gestionar intereses privados globales. Su rol se reduce a obtener los ingresos que corresponden, estrictamente, a la intermediación de las estrategias de grandes negocios privados, sin que existan planes ni políticas públicas en función del interés nacional”.

Agrega: “Es una élite a la que no le interesa ser empresaria productiva, ni invertir los excedentes en ampliar la acumulación, innovar en productividad, mejorar el capital humano social e institucional. Solo busca obtener su parte alícuota del gran negocio de alguna estrategia privada que no les incumbe, no les interesa”.

Con este enfoque Dammert analiza en detalle dos sectores estratégicos en el siglo XXI: puertos y energía. Después de una prolija investigación, llega a la conclusión que los lobbystas no tienen como objetivo desarrollar los grandes ejes de integración continental, poniendo en marcha ciudades-puerto con zonas económicas de valor agregado logístico. Por el contrario, se busca liquidar a ENAPU y desarticular el sistema portuario para entregar dicha infraestructura a intereses extranjeros.

En el sector energético, Dammert demuestra que la exportación del gas de Camisea de los Lote 88 y 56 no es producto de contratos “técnicos”, sino de actividades lobbystas –desde los más altos puestos del Poder Ejecutivo–en los que ha sido “descollante figura” el ex ministro toledista, Pedro Pablo Kuczynski.

La detallada descripción de la mezcla de las funciones públicas de PPK con las de su Grupo Empresarial –que ocupan un capítulo entero– desnuda la complicada trama de intereses que han primado sobre los intereses nacionales. Resultado: el gas de Camisea (que revirtió gratis al Perú por los regalos de la Shell) ya no va a servir para las necesidades peruanas (y menos para las regiones pobres del Sur andino) sino que va a ser exportado a México.

Clara demostración que los “lobbystas” en el Poder son “intermediarios de las estrategias de grandes negocios privados, sin que existan planes ni políticas públicas en función del interés nacional”.

Artículo tomado de: http://www.cristaldemira.com

74 a 9

César Hildebrandt

Columnista

Diario La Primera

En Puno, la gripe AH1N1 ha matado a nueve personas en lo que va de este invierno. Pero durante este mismo periodo la neumonía ya ha fulminado –sigo hablando de Puno- a 74 niños menores de cinco años.

Por lo tanto: Gripe AH1N1 9-Neumonía 74. Es la goleada mortal más abultada de los últimos tiempos.

Y a esto habría que añadir que más de la mitad de las muertes causadas en Puno por el virus de la gripe porcina corresponde a niños. La última de estas víctimas, por ejemplo, era una niña de dos años y ocho meses que no pudo ser salvada en el hospital Carlos Monge.

De modo que hablar de 74 a 9 resulta no sólo idiotamente frívolo sino también inexacto.

Es cierto que la mortalidad infantil ha descendido lentamente en el Perú. Pero aun ahora, después de estos años de bonanza minera y agroexportadora, seguimos siendo un país con cuatro veces más muertes infantiles que las que ocurren en los países desarrollados.

Los números no mienten: 6 infantes de cada mil en el primer mundo, 21 por cada mil en el Perú.

Y, claro, decir 21 muertes por cada cien mil es un espejismo estadístico. Porque ese promedio funde las cifras de Lima y las ciudades de la costa mejor atendidas por la salud pública con el pavor del mapa de la extrema pobreza.

En la raíz de esas muertes evitables está la pobreza. Y la hija mayor de la pobreza, que es la desnutrición. Las cifras dadas a conocer por la Unicef en el 2008 señalan que en el Perú, tras la lluvia de millones de todas las yanacochas reunidas, 27 de cada 100 niños menores de cinco años padece de desnutrición crónica.

Esta es otra deformación de la síntesis. Porque en Huancavelica esa hambre a tiempo completo llega al 49 por ciento de los niños menores de cinco años. Y en doce de las veinticuatro regiones del país la desnutrición infantil llega al 30 por ciento.

Lo más decidor es que la estadística de desnutrición se ha mantenido constante en los últimos diez años. No lo digo yo. Lo dijo el año pasado en Lima, discretamente, Nils Kastber, director regional de la Unicef para Latinoamérica y el Caribe.

-Claro –dirá alguno-, pero lo que no dice el columnista criticón es que la tasa internacional de mortalidad infantil es de 68 niños por cada mil nacimientos.

Y eso es cierto. Y también podríamos decir que, a cifras del 2008, hay 148 millones de niños con hambre en el Tercer Mundo. Y que en Sierra Leona la tasa de mortalidad infantil es de 262 por mil. Y que cada 24 horas mueren, de infecciones prevenibles y diarreas evitables, 25,206 niños (1,050 por hora).

Sí, todo eso es cierto. Pero no sólo está aquello de que a mal de muchos consuelo de tontos. Es que cuando hablo de Puno hablo del mundo. Porque no somos globales porque la Coca Cola se venda en todas partes ni porque las fusiones corporativas sin nacionalidad prosperen.

Tendremos que ser globales en la solidaridad, en los valores, en el sufrimiento de los otros.

Hemos avanzado (en el 1996 de Fujimori la mortalidad infantil peruana era de 43 por cada mil). Pero no hemos avanzado tanto como fingimos creer. Avanzaríamos mucho más si la política y la justicia social se reconciliaran y la economía y la redistribución dejaran de ser tan enemigas. En suma, si la neumonía infantil de Puno nos arrancara una lágrima.

Se sienten pasos

Por César Lébano director del diario La Primera

El miércoles 19 de agosto puede ser marcado con una piedra negra por los pícaros que esconden robos y evasión fiscal en bancos suizos. El remezón sacude ya a varios paraísos de cuentas secretas.

Corriere della Sera, el diario italiano, publicó el jueves 20 la información con titular de portada y dos páginas interiores completas.

Decía la primera: “Se logró el acuerdo entre el gigante bancario (suizo) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La lista suiza de las cuentas secretas. La Unión de la Banca Suiza envía a Washington los nombres de 4,450 sospechosos de evasión fiscal”.

El acuerdo busca revelar asimismo las cuentas ocultas que existen entre la banca suiza y paraísos fiscales como las islas Caymán, Mónaco, Lichtenstein, Luxemburgo, Bélgica, Austria, Singapur, Panamá, Chile, Uruguay, Islas Bermudas, San Marino, Malasia y Filipinas.

Por otra parte, la Banca Europea de Inversiones ha amenazado con sanciones a los bancos austriacos si de aquí a marzo de 2010 Viena no modifica sus leyes sobre el secreto bancario.

No sería extraño que, de paso, aparezcan algunos milloncejos de políticos latinoamericanos. La sola idea debe de provocar insomnio a varios ladrones; perdón, quise decir gobernantes.

Jean Ziegler, el sociólogo y pensador suizo que en 1990 publicó el resonante libro Suiza lava más blanco, ha declarado a Il Corriere:

“Asistimos a un viraje epocal. La ofensiva contra los paraísos fiscales que ha conducido al acuerdo de ayer cierra la época de la doblez moral, finalmente cae la máscara hipócrita del Alpenidyll (idilio alpino). Existen dos Suizas, de un lado la de las oligarquías bancarias, de la riqueza arrogante, de la xenofobia y de la corrupción. Al otro lado, la Suiza de los ciudadanos que no soportan más el peso de un bienestar fundado en la alianza entre el negocio y el crimen mundial, en el reciclaje del dinero de dictadores, financistas y políticos sin escrúpulos”.

Profesor de las universidades de Ginebra y la Sorbona de París, relator de las Naciones Unidas para la Alimentación, Ziegler expresó hace dos años en una entrevista: “Un niño que muere de hambre muere asesinado”.

En otro diálogo, para el diario bonaerense Página 12, declaró: “para valorar qué suponen los agrocombustibles basta un ejemplo: llenar con 50 litros de bioetanol el tanque de un vehículo de turismo requiere quemar 358 kilos de maíz. Y con 358 kilos de maíz un niño mexicano o de Zambia, por citar países donde el maíz es alimento básico, puede vivir durante un año”.

¿De dónde sale este suizo rebelde?

Él ha contado que en su juventud quiso acompañar a Che Guevara en su lucha en América Latina. El Che le dijo, señalando a Ginebra: “¿Ves esta ciudad? Es aquí donde está el cerebro del monstruo y es aquí donde debes luchar”.

Puntería histórica la del Che.

Tomado del diario la Primera del 25 de agosto de 2009.

El Apra y el gas

Por Nicolás Lynch

Acualquier observador que haya escuchado a Alan García en el Mensaje a la Nación y luego leído la portada de El Comercio del domingo pasado, que resalta las declaraciones de Javier Velásquez Quesquén señalando que los contratos de exportación del gas de Camisea son irregulares, le salta a la cabeza la pregunta ¿qué se trae el Apra con el asunto del gas?

Si se tratara de un gobierno que ha tenido una mínima preocupación por lo público cabría pensar que buscan renegociar los contratos respectivos y asegurar el abastecimiento, hoy en cuestión, del mercado interno. Pero como este no es el caso –recordemos la actitud servil frente al TLC que iba a analizar “página por página”, las leyes tramposas a favor de las AFP que mantienen secuestrados a miles de peruanos en esas entidades, las supuestas rebajas de Telefónica acordadas con el gobierno y el tristemente célebre “óbolo” minero– lo lógico es ser mal pensado. Veamos las posibilidades.

Lo más probable es que García, teniendo en cuenta el potencial movilizador que puede tener la reivindicación del manejo soberano del gas para el Perú, quiera arrebatarle esta bandera a la oposición, en especial a Ollanta Humala. Recordemos que Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia a la cabeza de un movimiento que demandaba soberanía nacional sobre el gas.

Pero también existe la posibilidad de enfilar el asunto contra Toledo, ya que los cambios de legislación para favorecer la exportación se hicieron en los últimos años de su gobierno. Es más, según dicen Presidente y Premier, habiéndose cometido irregularidades punibles penalmente que hoy estarían siendo revisadas por la fiscalía para una eventual denuncia.

Por último, no es descartable una fuga nacionalista algo más sostenida, siempre presente como posibilidad en la muñeca de García para el final de su gobierno, para ver si sale algo mejor parado en las encuestas. Una mezcla de las tres, de acuerdo a las necesidades de coyuntura, tampoco se deja de lado.

En todo caso, la trayectoria del gobierno y el propio discurso oficial no permiten pensar en otra cosa que no sea una finta, para llegar al mismo punto de partida y que todo siga igual. Es de suma importancia, por ello, insistir en que ni una sola molécula de gas, lotes 88 y 56, salga del Perú si antes no se garantiza el consumo interno por lo menos 20 años.

Textos tomados del diario La República

del 25 de agosto de 2009

El derecho global y la antroparquía

UN NUEVO ORDENAMIENTO JURÍDICO
Por: Francisco Miró Quesada R Director del Diario el Comercio.

El proceso de globalización, o mundialización según los franceses, está generando una nueva expresión del derecho, que en el mundo académico de los juristas se denomina derecho global. No es un derecho consolidado, sino en ciernes y con características que se ajustan a los cambios socioculturales, económicos, políticos y medioambientales que son materia de debate en esta década del siglo XXI.
Al respecto, el jurista español Rafael Domingo Oslé tiene una obra sobre este tema, pulcramente editada por la Universidad de Lima. Con el título “¿Qué es el derecho global?”, su trabajo fue galardonado con el Premio Rafael Martínez Emperador, otorgado por el Consejo General del Poder Judicial de España. Oslé entiende por derecho global “un orden jurídico mundial que, partiendo de la noción de persona como origen del derecho, sigue las relaciones de justicia en la medida en que afecta a la humanidad en su conjunto”.
Lo particular de este nuevo derecho se caracteriza por su compatibilidad con diversos sistemas tradicionales jurídicos y lo fundamental, sostiene el autor, es que se ha separado del “corsé estatal”, porque utiliza un metalenguaje jurídico acorde con los retos que plantea la globalización.
El derecho global no es entonces un sistema legal o un ordenamiento jurídico cerrado, pero igualmente no debe concebirse como un conjunto de normas vinculantes y estériles. Por el contrario, explica que este derecho global sería un “sistema de sistemas” y puede seguir en la medida en que sea aceptado gradualmente por las comunidades y ciudadanos del mundo.
El derecho global nace como una vocación cosmopolita, explica Rafael Oslé, de una manera parecida a la democracia cosmopolita, un término que utiliza el politólogo inglés David Held. Además, no constituye una ruptura con la tradición jurídica que lo antecede. Y así como el derecho de gentes, el famoso ius gentium conceptualizado por Cicerón, asumido por los juristas romanos, medievales y renacentistas convivió con el derecho internacional por un buen tiempo, el derecho global convive con el internacional. Para el jurista español, este derecho global es una superación del derecho internacional. Se trata de dos especies de un mismo género, pero mientras el derecho internacional —tal como está conceptualizado y en cuanto intento de ordenar jurídicamente las relaciones entre los estados— tiende a la extinción o en todo caso como dice Oslé tiende a su transformación, el derecho global tiende a desarrollarse y evolucionar. Se nota aquí la influencia sobre Oslé del romanista Álvaro d’Ors. Este propone una nueva ciencia que llamó la geodierética, que se ocupa de la ordenación justa de las parcelas del espacio accesible a los hombres.
No es entonces el dominio soberano de los estados sobre los pueblos, “sino una preferencia personal, correspondiente a un administrador de algo común”.
Desde esta perspectiva, el derecho se entiende como servicio a la humanidad frente al territorialismo estatista típico de la geopolítica. Esta visión del derecho, a partir de la persona, faculta a los titulares de los múltiples derechos que existen en una sociedad a “exigir judicialmente frente a terceros el respeto debido”.
El derecho global entonces no nace de la imposición de unos estados como sucedió con el derecho internacional, sino del consenso y del acuerdo de una sociedad civil también globalizada. Mientras que el derecho internacional es un derecho entre estados independientes, el derecho global es un sistema llamado a ordenar una comunidad, como la humanidad, que es compleja e interdependiente, dice Oslé.
Los estados, en cuanto que ejercen un poder territorial, son excluyentes, la humanidad es incluyente, porque incluso podemos renunciar a todo menos a nuestra condición humana. Esta es irrenunciable y no tiene límites ni fronteras. En consecuencia, es supraestatal, supranacional, universal y, por ende, el factor central de la globalización. Individuos independientes a nivel mundial que generan un nuevo ordenamiento jurídico y que se autogobiernan. Dice Oslé: “Somos testigos, en nuestros días, del tránsito de un pretendido gobierno mundial de estados democráticos y soberanos a una suerte de democracia global”. A esta democracia global Oslé la denomina antroparquía o gobierno de la humanidad. Esta forma de gobierno se desarrollará paulatinamente como lo está haciendo el derecho global. Se basa en la legitimidad y en el consenso de los pueblos y no en la legalidad. Por eso, antroparquía, entendida como gobierno de los hombres y no antropocracia, poder de los hombres, no es el poder del Estado burocrático, ni de los grupos internacionales de poder, es el gobierno de la humanidad. Un modelo, dice el autor, más similar al “rule of law” inglés, que a Estado de derecho alemán. No pierde su forma jurídica, pero esta es distinta.
“El nuevo orden jurídico mundial debe ser, sobre todo y ante todo, un derecho jurisdiccional, no interestatal, consensual, no burocrático, ni positivo u oficial, más propuesto que impuesto, basado más en el mutuo acuerdo que en las leyes y códigos, y ha de ser protagonizado por la sociedad civil protegida por instituciones globales y no por interestatales jerárquicos y tecnocráticos”, precisa Rafael Domingo Oslé.
Su propuesta es apasionante y, como tal, no está exenta del debate, pero el aporte, el buen aporte polémico, está planteado.

Textos tomados del Diario El Comercio
del 25 de agosto de 2009

El indicador de la barbarie

MALOS CÁLCULOS DESTRUYEN EL PLANETA
Por: Oswaldo de Rivero Embajador
Diario El Comercio

Tras el recalentamiento del planeta y sus desastrosas consecuencias está, sin duda, la ideología del crecimiento perpetuo del producto bruto interno (PBI). Este indicador del agregado de toda la producción nacional no descuenta la depredación de los recursos naturales no renovables y la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, acepta un crecimiento económico que usa al medio ambiente como si fuera una materia prima inagotable. Pero el PBI crece y el planeta no.

A pesar de que el crecimiento del PBI significa destrucción del hábitat humano, la mayoría de economistas, y sobre todo los políticos, rinden culto a este crecimiento como el tótem del desarrollo de la riqueza nacional. Esta veneración de la destrucción del propio hábitat es tan ilógica como venerar la función de la célula cancerosa que crece destruyendo su propio organismo.

Hoy se están haciendo esfuerzos para reemplazar PBI con nuevos indicadores más científicos y éticos. Los profesores Herman E. Daly y John B. Cobb Jr., de la Universidad de Maryland, han creado un nuevo cálculo de la prosperidad llamado Índice de Bienestar Económico Sostenible (ISEW, por sus siglas en inglés) que sustrae del PBI las pérdidas ecológicas. Cuando lo aplicaron, la prosperidad de EE.UU. cambió. Su renta per cápita había declinado 10% desde 1976.

Otros expertos han creado el Indicador de Progreso Genuino (GPI), que también sustrae del PBI los costos externos de la destrucción de recursos no renovables, a los que añade la contaminación, el desperdicio de energía, la congestión del tráfico y los costos de la delincuencia. Tras aplicarlo, la renta per cápita de EE.UU. entre 1982-2002 no creció 56%, como oficialmente se calculó, sino tan solo 2%.

También está la propuesta del profesor Hiroyuki Yoshikawa de la Universidad de Tokio, llamada “factoría inversa”. Dice que se debe establecer en el mundo un nuevo sistema cíclico industrial compuesto por industrias dedicadas solo a reciclar y crear productos reciclables. Industrias que no dejan desperdicios sino insumos para crear otros productos también reciclables. Solo se podría contabilizar como riqueza la producción industrial.

Mientras el PBI no sea reemplazado por un nuevo indicador, la destrucción ecológica del planeta no cesará. Y, entonces, en un futuro no muy lejano, tendremos que medir la inviabilidad de las naciones por la gran escasez de agua, alimentos y energía.

Tal vez, en un siglo, cuando una futura generación estudie nuestra civilización y vea que contabilizamos como desarrollo un crecimiento económico que consistía en destruir la biodiversidad, recalentar la atmósfera, derretir los glaciares, crear escasez de agua, alimentos y energía y subir peligrosamente el nivel de los mares, clasificará al PBI como el más conspicuo indicador de nuestra barbarie.

Textos tomados del diario El Comercio

del 24 de agosto de 2009

El derecho de linkear

Autor: Marco Sifuentes
Textos tomados del diario Peru 21
Domingo 23 de agosto de 2009.

En febrero de 2007, un personaje de pasado fujimorista denunció a un 'blogger’ peruano. Ricardo Flores Chipoco (a) 'Riflo’, presentó una denuncia ante la Divindat contra Dash, administrador de un blog de automovilismo. 'Riflo’ no demandaba a Dash por lo que este haya dicho, sino por las opiniones de los comentaristas de su blog (opiniones, evidentemente, poco favorables a 'Riflo’). Antes de que el incidente pasara al Poder Judicial, demandante y 'blogger’ conciliaron y allí quedó la historia.

En agosto de 2009, un personaje de pasado fujimorista denunció a un 'blogger’ peruano. Esta vez, el incidente podía expresarse en cifras: un millón de dólares es lo que le pide Jorge Mufarech a José Alejandro Godoy. ¿El delito de Godoy? 'Linkear’ o, en castizo, enlazar hacia otras páginas webs. Pero, ¿eso es un delito?

Como diría la canción, 'linkear’ no es un delito porque hasta Google 'linkeó’.

El hipertexto se ha vuelto algo tan común que no nos detenemos a pensar en él. En mi blog yo puedo decir, por ejemplo, “el hijo de Alan García denuncia a periodista de La Primera” y convertir ese texto en un hipertexto, es decir, en un link que te conduce un artículo del diario La Primera que cuenta el caso. Lo que estoy haciendo, implícitamente, es sustentar mi propio texto con todo el otro texto al que he enlazado. Es como decir “a mí no se me ha ocurrido de la nada que el hijo de Alan ha demandado al periodista. No, yo afirmo lo que digo basado en lo que se dice en otra web, a la que pueden llegar si hacen click en este texto”.

El hipertexto es la arquitectura misma de la web. Los links no solo sirven para que las páginas se relacionen entre sí y navegar entre ellas, sino que principalmente funcionan para que los buscadores sepan de qué tratan las páginas. Por ejemplo, si ustedes buscan a José Alejandro Godoy en Google el primer resultado será su blog, que no se llama Godoy sino “Desde el tercer piso”. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas personas han convertido a “José Alejandro Godoy” en un hipertexto que enlaza hacia su blog. Los robots de Google leen ese hipertexto y concluyen, acertadamente, que si buscas a Godoy seguramente quieres encontrar ese blog.

Ya. Ahora prueben buscando “Jorge Mufarech” en Google. No, mejor, como propone el visitado blog Pospost, busquen “Jorge Mufarech” + “corrupción”. Van a pasar un rato divertido leyendo cualquiera de los más de cuatro mil resultados que arroja Google con textos no precisamente muy halagadores hacia el ex ministro fujimorista/ex congresista toledista.

¿Por qué, entonces, Jorge Mufarech no demanda a Google? ¿Por qué, en cambio, demanda a Godoy, quien, usando hipertextos, simplemente recordó el rosario de acusaciones periodísticas que ha cargado el Jaguar de la política?

En la carta notarial que le dirigió al 'blogger’ hace un mes, Mufarech asegura que la información de Desde el tercer piso “resulta atentatoria contra mi imagen y honor de mi persona y familia, cuando en los buscadores de Internet se consigna las palabras Congresista Mufarech, Jorge Mufarech y Mufarech Nemy”.

Si Mufarech quería limpiar su nombre en Internet, su abusiva demanda ha conseguido precisamente lo contrario. Que pruebe ahora buscando esos mismos términos para ver qué encuentra: decenas de blogs que lo tratan de loco para abajo.

La gente en Internet es incontrolable, pero eso no lo entienden nuestros autoritarios políticos. La abortada 'ley mordaza’ del aprismo apuntaba, entre otros objetivos, a los usuarios de Internet, obligando a que todos declaren sus nombres completos y “lugar exacto desde donde se emite” el medio (medios electrónicos incluidos, por ejemplo, blogs o cuentas en Twitter o Facebook), además de agregar innecesariamente que el delito de difamación también se ejerce a través del “periodismo digital a través de la Internet” (¿por qué no se especificó la televisión o la radio?).

¿Es coincidencia que la demanda contra Godoy aparezca en el contexto de la 'ley mordaza’? Ni una ni la otra prosperarán, pero han cumplido su misión. La advertencia a los internautas peruanos ya está hecha: los estamos observando, los estamos chequeando, ya no pasan piola. No solo lo que escriban será sujeto a escudriño, sino también lo que 'linkeen’. Para la Internet peruana ha terminado la edad de la inocencia.

El capitalismo del desperdicio II

Escrito por Nelson Manrique
textos tomados del Diario La República
del 19 de agosto de 2009

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¿Por qué, para dinamizar la economía, el Estado norteamericano compra armas en lugar de, por ejemplo, alimentos, que aliviarían la miseria de los miles de millones de hambrientos del mundo? Pues porque la producción en el capitalismo no tiene como finalidad satisfacer las necesidades de la gente sino hacer utilidades. Para la economía de mercado los únicos hambrientos que cuentan son los que tienen dinero para comprar sus alimentos, los demás no forman parte del mercado y su muerte no va a alterar al sistema: no se habla de crisis capitalista porque 20 mil personas mueren de hambre al día en el mundo (eso es lo normal en el sistema) sino porque las empresas no pueden hacer utilidades. Y si hay un exceso de alimentos éstos no pueden regalarse a los hambrientos, porque se produciría la caída de los precios agrícolas, y de las utilidades.

Es largamente sabido que durante la Gran Depresión de los años 30 se quemaban –o se echaban al mar– millones de toneladas de alimentos, pero lo que la mayoría ignora es que lo mismo se sigue haciendo hoy, y no sólo en tiempos de crisis, como la presente, sino en tiempos normales, como lo documentó Roberto Saviano en su extraordinario libro Gomorra, (México: Debate, 2008) al mostrar cómo la UE entró en relaciones con la Camorra napolitana para destruir la fruta producida en exceso por los agricultores europeos (p. 217).

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No a la Jubilación Anticipada

Por Humberto Campodónico
Diario La República.
19 de agosto de 2009

La observación del presidente García a la ley votada en el Congreso para la Jubilación Anticipada de las personas que actualmente están desempleadas y están en el Sistema Privado de Pensiones pone sobre el tapete los motivos e intenciones de los actores de este proceso.

Primero. La Ley de Jubilación Anticipada (JA) proviene de la “Comisión Especial Multipartidaria encargada del Monitoreo de la Crisis Financiera Internacional. Como tal, es apoyada por todas la bancadas.

Segundo. La Ley plantea que podrán acogerse a la JA los afiliados a las AFP –que estén desempleados 12 meses o más– con un mínimo de 55 años (para los varones) y de 50 años (para las mujeres). Para acceder a la JA la pensión debe ser igual o mayor que el salario mínimo de S/.550/mes. Si el dinero de la cuenta no alcanza ese monto, la AFP le devolverá al afiliado de inmediato y en efectivo el íntegro de los aportes que este tenga en su cuenta individual (y ya no tendrá pensión).

El plazo para acogerse llega a diciembre del 2012. Afirman que con la Ley 27617 (que rigió hasta diciembre del 2005) se jubilaron 13,000 personas y con la Ley 28991 (hasta diciembre del 2008) solo se jubilaron 300 personas.

Tercero. Las AFP están de acuerdo con la Ley de JA porque, claro, a ellos no les cuesta: “Es importante que esas personas tengan acceso a un dinero que ya es suyo”, dijo Pedro Flecha, presidente de la Asociación de AFP. Tampoco se prevé que una parte de las comisiones pagadas a las AFP por los futuros pensionistas entre en el cálculo de la pensión.

Cuarto. El gobierno (el MEF) se opone porque “se crearía un gran forado fiscal”. Afirma que la SBS dice que de 12,000 a 20,000 personas tendría una pensión mayor al salario mínimo, lo que incide en un pago de pensiones, lo que incluye el Bono de Reconocimiento (BdR), escalonado en el tiempo. Ahí no tienen tanto problema.

El problema son las 180,000 personas que no alcanzan la pensión del salario mínimo (¿será cierta esta cifra?), a las que tendría que dárseles “de golpe”, no solo el monto de su cuenta individual en las AFP, sino el íntegro de sus BdR, lo que tiene que ser pagado por la Caja Fiscal. Dice el gobierno (el MEF) que esto “generaría incentivos para las devoluciones” por un monto de S/. 2,500 millones. Y que eso no está presupuestado.

Agregan que los que reciben “todo de golpe” no van a tener ninguna pensión en su etapa de vejez, lo que hará “que recurran a la Seguridad Social generando un potencial costo fiscal por la posible demanda de beneficios adicionales por este grupo vulnerable”.

Hasta aquí los argumentos a favor y en contra. Anotemos que la “preocupación” del gobierno por los desempleados que no van a tener ninguna pensión en el futuro no tienen ni para comer, hoy. El gobierno no les da ninguna solución alternativa y les dice “esperen hasta los 65 años”. La observación a la Ley tampoco contempla alternativas para los desempleados que sí pueden tener una pensión igual o superior al salario mínimo. La posición del gobierno es NO. Y punto.

Pero hay temas claves que no se discuten, como el de los desempleados del Sistema Nacional de Pensiones. ¿Por qué pueden tener JA los que están en la AFP y no los del SNP? Lo que nos lleva al problema de fondo. ¿Qué sucede con el 70% de peruanos y peruanas mayores de 65 años que no están en ninguno de los dos sistemas y que tienen cero ingresos en sus años de vejez? Tampoco eso se discute, a pesar de que el Banco Mundial tiene estudios con el MEF para la llamada pensión social (no contributiva), que debiera comenzar atendiendo a los más pobres del campo.

Queda claro que es necesaria una reforma integral del sistema de pensiones, público y privado, para cumplir con atender a toda la población, como sucede en Bolivia, Chile, Argentina y Brasil. Y, también, que para el gobierno al fondo no hay sitio para todo lo que sea ingresos “de los de abajo”, aun si se trata de su propio dinero.

SIN APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN

Un discurso sin ciencia ni tecnología

Autor: Modesto Montoya
Textos extraídos del diario El Comercio
31 de julio de 2009

Este 28 de julio, el prestigioso ingeniero peruano Jorge Seminario, quien investiga en Estados Unidos, me respondió lo siguiente ante una comunicación que le envié solicitada por un magíster en Ciencias recién graduado que desea trabajar con él: “Cuando se recibe una recomendación así, una pregunta que brota es: ¿Por qué esta persona no está trabajando en un instituto de investigación científica y tecnológica del Perú?”.

La respuesta está en el discurso presidencial por Fiestas Patrias, en el que no hubo mención alguna a las políticas en ciencia y tecnología.

En una reciente entrevista, la doctora Fabiola León-Velarde, haciendo referencia al poco financiamiento que el Perú dedica a la ciencia y tecnología, dijo: “Como mencionó el presidente Barack Obama, en su último discurso a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos de Norteamérica, parece ser que existen dos grupos de países, los que crean y los que usan lo que los primeros crean. Parece que nuestro país se empeña en ser de los segundos, a pesar de ser una nación tan creativa”.

Uno de los parámetros de riqueza de un país es el producto bruto interno (PBI), que también se relaciona con el número de patentes otorgadas a sus residentes (NPOR). De los siete países que sobresalen nítidamente en NPOR (Japón, Estados Unidos, República de Corea, China, Federación Rusa, Alemania y Francia), cinco son los que tienen los más altos PBI: Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Francia.

Entre esos países, Estados Unidos está perdiendo liderazgo en inventiva. A principios de la década de los años 50, su NPOR era aproximadamente 20.000; y a fines de los años 60, empujado por el estímulo que significó el ambicioso proyecto de poner un hombre en la Luna, se triplicó. Sin embargo, a fines de la década del 70, el NPOR decayó a 40.000, coincidiendo con el abandono de los grandes proyectos científicos.

En los 80, Estados Unidos reaccionó con programas de incentivo a la creatividad, bajo la bandera de la llamada “guerra de las galaxias”, y logró que el número de patentes creciera. Luego, a partir del año 2000 y debido a que China e India empezaron a repatriar a sus científicos e ingenieros, el NPOR estadounidense se estancó. Lo que siguió fue la crisis financiera.

La inventiva industrial está en los cerebros de científicos e ingenieros. El presidente Barack Obama lo ha comprendido y por ello ha reconocido que su país tiene un déficit de 300.000 ingenieros y científicos, lo que le impide recuperar su liderazgo tecnológico. De allí su anuncio de atraer talentos del mundo. La competencia está declarada.

La Red Internacional de Ciencia y Tecnología del Perú (InterCyT) está empeñada en jugar su papel en esa competencia. Convencida de que el discurso oficial será lejano a los retos de estos tiempos, una de las acciones tomadas ha sido establecer el premio Embajador Científico Tecnológico del Perú, otorgado cada año a un investigador que destaque en el extranjero.
Este año el premiado ha sido Fernando Ponce, un físico, egresado de la UNI, quien trabaja en la Universidad Estatal de Arizona produciendo materiales semiconductores para aplicaciones de iluminación y de sensores.

Desde los años 60, Ponce trabajó en el Silicon Valley, en la Universidad de Stanford, y en los laboratorios de Hewlett-Packard y Xerox. Tiene contribuciones en materiales fotovoltaicos, optoelectrónica y microscopios electrónicos. Ponce es coautor de 200 publicaciones y 8 patentes. Ahora busca cómo producir materiales que iluminen con mínimo consume energético.

Uno de los propósitos de este premio es lograr que los gobiernos comprendan el valor del conocimiento científico y tecnológico y establezcan una estrategia de repatriación de los talentos peruanos, o un programa de utilización de su potencial en proyectos nacionales de desarrollo científico tecnológico. Cuando en 28 de julio escuchemos en el Congreso de la República algo al respecto sabremos que el Perú tiene un nuevo y auspicioso tipo de liderazgo.

EXTREMOS

Autor: Patricia Teullet
Texto tomado del diario Perú 21
04 de julio de 2009

Al iniciar su gobierno, el presidente García anunció que propondría reinstaurar la pena de muerte para violadores de menores que hubieran causado la muerte de la víctima. Muchos meses y muchas páginas de diarios se dedicaron a la discusión, en la que la mayor parte de la población tomó posición más o menos apasionadamente. El único resultado concreto de este planteamiento fue que se logró distraer la atención de asuntos más urgentes. A poco tiempo de que, con su pragmatismo y frescura habitual, PPK propusiera legalizar la marihuana, el flamante (pero ya percudido) ministro del Interior ha anunciado su intención de penalizar la posesión de drogas. Siendo miembro de la Policía (y no un observador ingenuo y bienintencionado), sabe que la propuesta es inviable y solo conduciría a abusos. Mientras matan impunemente a policías, él busca derivar las discusiones sobre la crisis de su sector a un asunto irrelevante. ¡Inaceptable!

LA LEY Y LA TRAMPA

Autor: Fernando Berckemeyer
Texos tomados del Diario Perú 21
05 de julio de 2009

Resulta curioso cómo detrás de los constantes reclamos de las comunidades campesinas y nativas alrededor de las inversiones privadas en sus tierras hay un fondo esencialmente capitalista. Cuando uno dice “otros se están llevando la riqueza de mis tierras”, uno está básicamente defendiendo la (su) propiedad privada, que, desde Roma, implica que los frutos de sus bienes también pertenecen al propietario. Pero no acá, donde una ley contranatura separa la propiedad del subsuelo (entregada al Estado) de la del suelo, convirtiendo así a las comunidades (que suelen tener tierras difíciles, pero abundantes en minerales, petróleo o gas) en los seculares y mayores expropiados de nuestra historia.

Como toda intrusión estatal en la propiedad, esta norma crea distorsiones en el comportamiento económico y trabas para la generación de riqueza.

La razón es muy simple. La propiedad sirve para hacer que recaigan sobre una misma cabeza todas las consecuencias de las actividades que ocurren sobre un bien: si este se destruye, el propietario es quien pierde lo que vale; si produce algo, quien lo gana; si hacerlo producir cuesta, a quien le cuesta. Ello da los incentivos para que haya siempre alguien personalmente interesado en que los bienes sean dedicados a sus usos más eficientes –es decir, a producir lo mayor posible al menor costo– y que, por tanto, se genere más riqueza.

Todo lo que rompe este sistema de incentivos afecta las probabilidades de que actuemos buscando no desperdiciar nada (ni siquiera posibilidades) en los bienes. Así, por ejemplo, si yo sé que los resultados de la explotación minera bajo mi tierra son para una empresa que no me pagó a mí sino al (encima inepto) Estado, lógicamente tenderé a oponerme a esta explotación de la que me van a llegar directamente sobretodo los costos, aunque ella sea por lejos el uso del bien más enriquecedor para la sociedad. Por otro lado, si nunca tengo que ver por mí mismo cómo hacer que esos recursos que esconde mi subsuelo efectivamente valgan, no tengo cómo descubrir lo que, por ejemplo, los supuestos beneficiados de la Reforma Agraria aprendieron tan duramente: que la riqueza no es algo que está simplemente ahí, en la naturaleza, esperando ser recogida, sino que tiene que ser creada en ella a punta, además de trabajo, de tecnología, capital, ingenio y conocimiento.

Podemos darnos una idea de lo que esta distorsión legal causa a nuestra economía viendo el sobrecosto que supone la inestabilidad social y la persistente pobreza de quienes con otro marco, hace tiempo, serían texanos ricos.

Puede que sea verdad que, como dice el refrán, “hecha la ley, hecha la trampa”. Pero ocurre también muchas veces, como en esta, que la ley es la trampa.

LOS ASESORES

Autor: Aldo Mariátegui
Textos tomados del diario Correo
05 de julio de 2009

Le pregunto a alguien que conoce muy bien el Congreso sobre esta última propuesta de Alan García para una renovación parcial del mismo. Mi interlocutor me mira sonriente y me responde:

"¡Un disparate! No soluciona nada y más me parece una maniobra para darle una vez más de 'punching-bag' a este poder tan desprestigiado. O tal vez se trate de una maniobra aprista calculada para incrementar su porcentaje congresal en una hipotética renovación en el 2013... Mira, tienes que partir de que la actual composición tan penosa del Congreso se debe al sistema de elección, no al momento de la misma. Y eso que la valla electoral ha ayudado bastante, relativizando la perniciosa cifra repartidora y evitando más atomización. Igual van a elegir a gente que ni siquiera sabe escribir en estas renovaciones parciales mientras no haya requisitos académicos mínimos, exista el voto preferencial, sea obligatorio sufragar y no haya distritos uninominales. Además, existe el mito de que los congresistas son los que mandan. ¡Mentira! El 80% no entiende las cosas que les ponen por delante. Lo que tenemos actualmente en el Legislativo es un gobierno de asesores, no de congresistas. Los que hacen la chamba, leen las propuestas, hacen los lobbies, sugieren las iniciativas, leen los medios, etc... son los asesores, a los que nadie conoce y que sin embargo son los que más pesan. La mayoría de congresistas están más atentos a los flashes, los cócteles, los banquetes, las o los empleados-amantes, los viajes y todo lo que viene con la sensualidad del poder. O atentos a actos demagógicos que les consigan titulares y que ellos piensan que les garantizarán su reelección. Los más listos se abocan a establecer redes e intercambiar votos por lo que les interesa, mientras que otros ya actúan más como borregos pasivos. La mayoría de ellos eran unos 'don nadie' antes de ser elegidos, así que después se sienten la divina pomada, no saben manejar ser famosos, tener poder tan de repente, y se obnubilan. Algunos se vuelven muy déspotas y al antiguo provinciano humilde ni lo reconoces meses después de haber asumido. Muchos fijan su residencia en Lima y se olvidan totalmente de sus regiones. Otros consideran que se han sacado una beca o una lotería y están viviendo su cuarto de hora, al que tienen que exprimir a fondo. Pocos chambean de verdad.

Entonces otro tema es mejorar la calidad de los asesores, exigirles doctorados y controlar que se cumpla eso. Tal vez contratar un 'pool' de gente muy capaz y que de allí los congresistas escojan a su personal. Lo mismo con las secretarias, amanuenses, etc... Crear asistentes de carrera. Eso también evitaría que metan como asesores a los amantes, al repartidor de gas, a la doméstica y todos esos hechos tan penosos. Que no paguen favores, hagan ingresar a parientes o, peor aún, hagan la "sisa", que es contratar gente que no asiste al Congreso a cambio de entregar parte de su sueldo y tener seguro de salud.

Pero que una cosa quede en claro: con todos sus defectos, este Congreso es muy superior al anterior. ¡No sabes las historias de terror que te podría contar de Perú Posible! Antes tenía veinte Lescanos proponiendo barbaridades a cada rato, gente como Pedro Morales, los difuntos Gerardo Saavedra y Eithel Ramos, Carhuaricra, las histerias de Anel y 0.5% Canseco, Ramírez Canchari, el mismo Waisman que anda tranquilo ahora, etc... Hoy en día son mucho más mesurados.

Pero te digo, quienes legislan en verdad son los asesores".